La izquierda siempre ha tenido una indisimulada vocación por la “ingeniería social”, por modelar la sociedad a su ideario. No en vano se han sentido siempre investidos de una superior legitimidad para imponer sus designios sobre las “masas”. Es decir, sobre nosotros, los ciudadanos. Y siempre por la vía indirecta de una pretendida extensión de derechos que, sin embargo, siempre acaba recortando libertades. La recién aprobada ley aborto lleva a limitar la patria potestad y el derecho de los padres a su cuidado, consecuencia del amor y la responsabilidad, sobre los hijos; la educación para la ciudadanía conduce al adoctrinamiento de nuestros jóvenes a través de textos claramente ideologizados, de los que la prensa mostró en su momento escandalosos ejemplos...
El concepto de muerte digna como derecho no es, como pretenden ahora mediante una iniciativa en las Cortes aragonesas, ni un hallazgo doctrinal de la izquierda ni una innovación legislativa, salvo en las limitaciones a la objeción de conciencia de los facultativos sanitarios y la vigilancia de su práctica. El debate pretende, de nuevo, contraponer a una derecha pretendidamente retrógrada con unos supuestos adalides de la libertad, que, por supuesto, son ellos.
Sin embargo ya hace años que se ha legislado sobre la materia, sobre la autonomía del paciente, sobre las voluntades anticipadas cuyo ejercicio se garantiza y mediante el que todas las personas pueden expresar y hacer valer su opinión sobre las intervenciones y tratamiento que desean recibir. La propia deontología médica, regulada mediante un código de conducta, impide el ensañamiento terapéutico e incluso obliga a aplicar medidas paliativas del dolor aunque de ellas pudiera derivar un acortamiento de la vida del paciente (artículo 27 del Código de Deontología Médica).
Si de verdad se quiere avanzar de forma tangible a favor de una muerte digna, adquiérase un compromiso radical en el alivio del paciente, constitúyanse en todos los centros hospitalarios aragoneses unidades de cuidados paliativos, comités de ética asistencial, dótense de habitaciones individuales para enfermos terminales e inclúyase en el currículum académico la asignatura de cuidados paliativos. Esas son medidas tangibles y eficaces.
Por que la dignidad humana es compartida por igual por todos los hombres y esa dignidad no sucumbe al paso de los años ni se degrada por la enfermedad y el proceso de morir.
Y la noción de la universal dignidad del hombre y, en particular, la del hombre moribundo, no es sólo religiosa: ha entrado a formar parte también del derecho. Y así, por ejemplo, una Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los derechos de los enfermos y los moribundos invita a los gobiernos a "definir con precisión y otorgar a todos el derecho de los enfermos a la dignidad y la integridad". La Asamblea Parlamentaria ha reforzado recientemente su postura al término de un reciente debate (junio de 1999) sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y de los moribundos, al reiterar la absoluta prohibición de la eutanasia activa y afirmar que "el deseo de morir de los pacientes terminales o los moribundos no constituye ningún derecho legal a morir a manos de otra persona". Es más: el respeto de la vida y de la dignidad del hombre constituye un derecho que ha de ser cumplido tanto más cuanto mayor es la debilidad del moribundo
Por el contrario, ante este tipo de iniciativas de la izquierda, se abre el debate de la inquietante posibilidad de transferir la decisión sobre la vida del paciente, ¿a quién y en qué condiciones? O de que se acabe por regular la eutanasia activa, depositando la decisión en manos inadecuadas. No es un temor gratuito el que expreso. Recuérdese la polémica sobre las sedaciones irregulares (¡qué eufemismo!) que tuvieron lugar en la unidad de urgencias del Severo Ochoa de Madrid. Recuerden cómo la izquierda salió en tromba a defender el supuesto derecho de un médico -¡de urgencias!, ni siquiera de la unidad de cuidados paliativos- a decidir sobre la vida o la muerte del paciente. ¿Cómo puede llegar a considerarse normal que un enfermo que ingresa en urgencias vea sometida la continuidad de su vida al particular criterio moral de un facultativo?
Que aquel gravísimo abuso de las atribuciones de un médico les pareciera legítimo y digno de aplauso, ya demuestra claramente su inveterada propensión a apropiarse del derecho a decidir, también en este ámbito, que sólo corresponde al paciente o a sus familiares. Porque la izquierda siempre ha querido decidir por los ciudadanos.
Rosa Plantagenet-Whyte
Secretaria General del Partido Popular de Aragón
El concepto de muerte digna como derecho no es, como pretenden ahora mediante una iniciativa en las Cortes aragonesas, ni un hallazgo doctrinal de la izquierda ni una innovación legislativa, salvo en las limitaciones a la objeción de conciencia de los facultativos sanitarios y la vigilancia de su práctica. El debate pretende, de nuevo, contraponer a una derecha pretendidamente retrógrada con unos supuestos adalides de la libertad, que, por supuesto, son ellos.
Sin embargo ya hace años que se ha legislado sobre la materia, sobre la autonomía del paciente, sobre las voluntades anticipadas cuyo ejercicio se garantiza y mediante el que todas las personas pueden expresar y hacer valer su opinión sobre las intervenciones y tratamiento que desean recibir. La propia deontología médica, regulada mediante un código de conducta, impide el ensañamiento terapéutico e incluso obliga a aplicar medidas paliativas del dolor aunque de ellas pudiera derivar un acortamiento de la vida del paciente (artículo 27 del Código de Deontología Médica).
Si de verdad se quiere avanzar de forma tangible a favor de una muerte digna, adquiérase un compromiso radical en el alivio del paciente, constitúyanse en todos los centros hospitalarios aragoneses unidades de cuidados paliativos, comités de ética asistencial, dótense de habitaciones individuales para enfermos terminales e inclúyase en el currículum académico la asignatura de cuidados paliativos. Esas son medidas tangibles y eficaces.
Por que la dignidad humana es compartida por igual por todos los hombres y esa dignidad no sucumbe al paso de los años ni se degrada por la enfermedad y el proceso de morir.
Y la noción de la universal dignidad del hombre y, en particular, la del hombre moribundo, no es sólo religiosa: ha entrado a formar parte también del derecho. Y así, por ejemplo, una Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre los derechos de los enfermos y los moribundos invita a los gobiernos a "definir con precisión y otorgar a todos el derecho de los enfermos a la dignidad y la integridad". La Asamblea Parlamentaria ha reforzado recientemente su postura al término de un reciente debate (junio de 1999) sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y de los moribundos, al reiterar la absoluta prohibición de la eutanasia activa y afirmar que "el deseo de morir de los pacientes terminales o los moribundos no constituye ningún derecho legal a morir a manos de otra persona". Es más: el respeto de la vida y de la dignidad del hombre constituye un derecho que ha de ser cumplido tanto más cuanto mayor es la debilidad del moribundo
Por el contrario, ante este tipo de iniciativas de la izquierda, se abre el debate de la inquietante posibilidad de transferir la decisión sobre la vida del paciente, ¿a quién y en qué condiciones? O de que se acabe por regular la eutanasia activa, depositando la decisión en manos inadecuadas. No es un temor gratuito el que expreso. Recuérdese la polémica sobre las sedaciones irregulares (¡qué eufemismo!) que tuvieron lugar en la unidad de urgencias del Severo Ochoa de Madrid. Recuerden cómo la izquierda salió en tromba a defender el supuesto derecho de un médico -¡de urgencias!, ni siquiera de la unidad de cuidados paliativos- a decidir sobre la vida o la muerte del paciente. ¿Cómo puede llegar a considerarse normal que un enfermo que ingresa en urgencias vea sometida la continuidad de su vida al particular criterio moral de un facultativo?
Que aquel gravísimo abuso de las atribuciones de un médico les pareciera legítimo y digno de aplauso, ya demuestra claramente su inveterada propensión a apropiarse del derecho a decidir, también en este ámbito, que sólo corresponde al paciente o a sus familiares. Porque la izquierda siempre ha querido decidir por los ciudadanos.
Rosa Plantagenet-Whyte
Secretaria General del Partido Popular de Aragón
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